A raíz de la publicación de la última entrada de mi blog, sobre carencia de LOCOMOTORA SOCIAL en la política minera estatal del país, me han sugerido algunos lectores escribir sobre el mismo crucial asunto, pero ciñéndome en el particular Caso de Tabaco. Efectivamente, obvio es colegir que en el susodicho episodio, contextualizado en su última fase por una Sentencia de la Corte Suprema de Justicia que ordenó reconstruir, física y socialmente, al corregimiento de Tabaco, proferida desde el 2002, se estén haciendo los lectores de mi blog y la ciudadanía en general toda suerte de preguntas y conjeturas, respecto a lo que hemos denominado con alguna dosis de buen humor la ausencia de una moderna y veloz LOCOMOTORA SOCIAL del Estado colombiano, en contraposición a la estridente LOCOMOTORA MINERA anunciada con rechinamiento por el gobierno nacional.
Lo que quiero hacer ahora es una especie de balance actualizado de la presencia gubernamental, después del evento de la Sentencia de 7 de octubre de 2002, hasta hoy, que explique lo ocurrido desde entonces. Como se sabe, pasaron seis largos años después de la aludida providencia judicial, cuando en diciembre de 2008 se suscribió el Acuerdo y Transacción entre la Comunidad de Tabaco y Carbones del Cerrejón Limited-Cerrejón. Repitamos hasta más allá del cansancio que este Acuerdo transicional fue un punto de partida hacia unos propósitos ideales de justicia consensual, que debería suponer una ágil locomotora conducida por alcaldes de Hatonuevo que no sólo hayan aprendido a meterle el freno de la arbitrariedad al vagón de la gestión pública, sino también a imprimirle la adecuada velocidad, fuerza y certeza al trascendental reto de reconstruir social y físicamente al corregimiento de Tabaco.
Tengo que recordar que fue con mucha dificultad, y casi o totalmente desprotegidos del Estado colombiano, que hemos pasado progresivamente del increíble estatus del miedo, estigmatización, dolor y conflicto, a la reparación gradual y progresiva, búsqueda de justicia, inclusive, la reparación de la confianza mutua con la empresa minera. Repito, DESPROTEGIDOS, con mayúscula, del Estado colombiano, en un asunto tan crucial y emblemático como ha sido el caso de Tabaco, revestido, como ya se dijo, por una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que ordenó la Reconstrucción Física y Social del único corregimiento del Municipio de Hato Nuevo, en La Guajira.
Hemos justificado y en cierta forma defendido la edificación resolutiva de la Sentencia diciendo que la Honorable Sala de Casación de la Corte partió de la base de que los alcaldes de Hato Nuevo, ante tremendo reto y responsabilidad patria, pero, sobre todo, ante cipote respaldo judicial, orden judicial, no encontrarían escapatoria distinta que erigirse en abanderados administrativos de la mejor solución para su pueblo natal. Pero no, nada de eso ha ocurrido, ni el más leve asomo de grandeza ha ocurrido. No se ha movido una paja a favor de los munícipes de Hato Nuevo por parte de los alcaldes que han desfilado, para no recordar aquellos pestilentes períodos en los que la Administración Municipal estuvo del lado de la elusión del mandato judicial.
Confieso que, con la llegada de Reiner Palmezano al primer cargo público de Hato Nuevo, hemos percibido renovados vientos de esperanza. En la reunión que sostuvimos en la mina el nueve de febrero pasado sentí que el Alcalde y su equipo de gobierno integrado en ese especial evento por Carlos Zabaleta, José Rafael Robles, Sandra Juliet Lugo, Carmen Patricia Ortiz, Elvira Sanabria, Juan Carlos Peláez, Dabey Daza Plata, Arnot Gómez, Marieta Monroys, Karelis Ortiz, Erlin Carpio, Loris Rosado, Yeison Conrado y María José Ortiz imprimieron confiable sello de compromiso con la inexcusable bandera de cumplir con la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Admirable y plausible también que el alcalde Palmezano, en esta tarea de cumplir con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, hubiese interesado y entusiasmado al Concejo Municipal de Hato Nuevo, conformado personas jóvenes y de excelente formación social y política. Me gustó sobremanera el corte de las intervenciones de los Honorables Concejales que mayoritariamente asistieron a la reunión de armonización con la empresa Cerrejón y los representantes de la comunidad de Tabaco liderados por José Julio Pérez y el suscrito.
Quiero pedirle al Alcalde Palmezano que mantenga el mismo ánimo constructivo, igual a su equipo de gobierno, y de idéntica forma a los cabildantes César Galván Carrillo, Luis Alfonso Iguarán, Leonardo Rafael Ipuana, Anderson Mejía Ojeda, Noiden Ortiz Brito, Marlon Ortiz Duarte, Adalberto Ortiz Ortiz, Alexander Palomino, Idelfonso Romero Díaz, Luis Serrano Cerchar, Lidia Valdeblánquez Brito y la Secretaria de la Corporación Diana Carolina Díaz Camargo. La administración municipal de Hato Nuevo tiene en esta ocasión la oportunidad de lucirse con espectacular brillo, cumpliendo la Sentencia de la Corte y, de paso, mostrándose como ejemplo de eficiencia reconstruyendo un poblado de las características y connotación que tiene el Caso de Tabaco. Para ello deberá convocar a propios y extraños, aprovechando aliados especiales y poderosos como es la vinculación de la empresa Cerrejón, conforme a los compromisos contraídos con ella para este específico reto, y demás sectores privados y públicos involucrados en este especial proyecto jurídico y humanitario.
No hay comentarios:
Publicar un comentario